Confidencialidad en concursos públicos: por qué es importante para la Administración
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Confidencialidad concursos públicos

Confidencialidad en concursos públicos: por qué es importante para la Administración

Lectura: 3 min | 27 Ene 20

Las ofertas de licitación pública y los concursos están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, en la que se especifican todas las restricciones que afectan a la confidencialidad. Como empleado público estás obligado a conocer esta normativa y saber cómo aplicarla, así como los aspectos para distinguir cuándo un concurso debe ser confidencial o no.

La transparencia es uno de los principales valores de la Administración Pública. La Ley de Contratos del Sector Público se actualizó con el objetivo de adaptarse a la normativa europea y ofrecer mayor transparencia. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de la confidencialidad, también regulada en esta ley, vigente desde marzo de 2018.

Cabe destacar que la aplicación de esta ley atañe a dos casuísticas. Por un lado, los concursos públicos para las empresas privadas; por otro lado, los contratos menores con la Administración. La principal diferencia entre ambos documentos radica en la cuantía económica que se asigna. Los contratos menores son aquellos de menos de 40.000 euros en el caso de contratos de obras, y 15.000 en el resto.

La gran cuestión que se plantea es dónde está el límite entre la transparencia y la confidencialidad para la Administración. A continuación desgranamos qué estipula la Ley de Contratos a este respecto y por qué las entidades públicas deben acatarla.

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Administración Pública: cuándo debe mantener la confidencialidad

La mencionada ley establece que la Administración no puede hacer pública la información que las empresas confirmen como confidencial en sus ofertas. Especialmente cuando se trata de aspectos técnicos, comerciales o que puedan ser falseados por otras empresas en futuras ofertas.

Es conveniente recalcar que el deber de confidencialidad no se aplica a todo el documento que conforma las licitaciones públicas. Simplemente a aquellos en los que se especifique una restricción en su difusión, siempre que no sean accesibles públicamente.

En este sentido, debes tener claro qué es un secreto técnico o comercial. Se entiende como tal la información que, sin ser de dominio público, es necesaria para la fabricación y comercialización de productos o la prestación de servicios, y que supone una ventaja competitiva en el mercado. La razón principal por la que la Administración debe mantener la confidencialidad en estos casos es obvia: evitar que esa información de vital relevancia sea copiada por otras empresas, lo cual podría debilitar la posición de la compañía en el mercado.

¿Por qué es importante para la Administración respetar la confidencialidad?

Tal y como hemos mencionado, las entidades públicas deben actuar como un mediador que garantice un equilibrio entre la transparencia en los procesos concursales públicos y la confidencialidad de los datos. Esta armonía no es fácil de conseguir, pues la línea que separa ambos conceptos en ocasiones puede ser imperceptible. En este sentido es importante conocer no solo la legislación vigente sino tener en cuenta también sentencias judiciales al respecto.

Imaginemos un ejemplo práctico en el que la Administración abre un concurso público para adjudicar un contrato a una empresa de publicidad. Podría ocurrir que una de las compañías licitadoras pida examinar el sobre técnico de otra de las competidoras para ver el plan anual que propone. Si dicha información revelase la estrategia original de la compañía y se pudiera considerar un secreto técnico o comercial, la entidad pública tendría que rechazar la solicitud.

De la misma manera, la Administración no podrá difundir la información si ello perjudica los intereses comerciales legítimos de una corporación, o si puede originar competencia desleal entre los licitadores.

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Concursos públicos: transparencia vs. confidencialidad

La transparencia es uno de los principios más importantes para los trabajadores de la Administración Pública. Prueba de ello es la Plataforma de Contratación del Sector Público, un repositorio en el cual se muestran todos los datos de los concursos y licitaciones públicas. De hecho, la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público tenía como objetivo principal incrementar la transparencia en este tipo de procesos, así como abrir las posibilidades de participación también a pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, intensificar la transparencia no debería suponer un perjuicio para las empresas licitadoras. La clave es encontrar una fórmula en la que ambos conceptos coexistan entre ellos, y la Administración Pública ejerce ese rol de mediador. Para ello debe justificar y argumentar razonadamente los motivos en los que se basa para tomar una decisión.

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