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Qué es la Ley de Segunda Oportunidad y cómo puede ayudar a los autónomos y empresarios

Lectura: 5 min | 20 Jul 17

Autor: Raul

Los autónomos y pequeños empresarios ya no tienen que responder con su patrimonio personal y familiar en caso de que el negocio no vaya como se esperaba. Es la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Ojalá no te haga falta, pero te explicamos cómo puedes acogerte a ella en caso de necesidad.

En 2015 tuvo lugar esa importante y, esperada, reforma de la Ley Concursal que incorporó a nuestra legislación el denominado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho. Así es como se llama oficialmente.

Este beneficio también se conoce como Ley de Segunda Oportunidad. Ha posibilitado que los jueces puedan acordar la cancelación de las deudas de una persona. Siempre y cuando se cumplan una serie de pasos y requisitos fijados en la Ley.

Cuando hablamos de persona natural debemos distinguir entre:

  • La persona natural empresaria. Como un autónomo con deudas originadas por su actividad. O el caso de un empresario que afianzó personalmente los préstamos o créditos de su sociedad.
  • La persona natural no empresaria. Habitual en situaciones de sobreendeudamiento familiar (préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, préstamos personales, tarjetas, etc.) inasumible por el deudor.

Pues bien, en función del tipo de persona natural (empresaria o no empresaria), el proceso para alcanzar el beneficio de exoneración del pasivo presentará algunas diferencias. En este artículo nos centraremos en el supuesto de la persona natural empresaria.

¿Cuáles son los principales pasos para poder alcanzar el beneficio de exoneración?

Los podemos dividir en 2 fases:

1) Fase extrajudicial: como primer paso la persona deberá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP).


Como su propio nombre indica, el acuerdo extrajudicial de pagos es un procedimiento regulado en la Ley en el que se busca un arreglo con los acreedores, a los que se propone unos importes y un calendario de amortizaciones que puedan ser asumidos por el deudor.


Un ejemplo sería una quita (reducción de la deuda a pagar) del 50% y una distribución de pagos en 3 años.

Ahora bien, no todas las personas podrán iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos. La Ley no lo permite en los siguientes casos:

  • Personas cuya estimación inicial del pasivo supere los 5 millones de euros.
  • Condenados en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores.
  • Personas que en los últimos 5 años hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos. O hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de acreedores.

En el caso de la persona natural no empresaria, la solicitud de inicio del procedimiento se debe presentar en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio. O ante una Cámara de Comercio. Estos organismos deberán nombrar un mediador concursal que impulsará el procedimiento.

Si el acuerdo es aceptado por los acreedores y la persona lo cumple, el procedimiento finalizaría sin la necesidad de haber tenido que acudir al mecanismo de segunda oportunidad. En cambio, si no fue posible el acuerdo, o alcanzado este se incumple, la persona tendrá que iniciar un procedimiento concursal.

2) Fase judicial: esta fase consiste en el concurso de acreedores de esa persona, que en la Ley se denomina concurso consecutivo y que tramitará el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del concursado.

Concluido el concurso consecutivo, bien sea por haberse procedido a la liquidación del patrimonio de la persona concursada o por no existir desde un principio bienes que liquidar, la persona podrá solicitar al juez el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso?

  1. Lógicamente, como primer requisito, la persona debe encontrarse en una situación de insolvencia; es decir, que no pueda pagar sus deudas.
  2. Debe procederse a la liquidación del patrimonio de esa persona (si lo hubiera) en el concurso consecutivo.
  3. El concursado debe ser deudor de buena fe.

¿Cuándo se es deudor de buena fe?

En los siguientes casos:

  1. Cuando el concurso no sea declarado culpable.
  2. Que la persona no haya sido condenada en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores.
  3. Cuando reuniendo los requisitos para ello, la persona celebrase, o al menos intentase celebrar, un acuerdo extrajudicial de pagos.
  4. Que se hayan satisfecho todos los créditos contra la masa y los créditos privilegiados y, de no haberse intentado un acuerdo extrajudicial, haber abonado al menos el 25 % de los créditos ordinarios.
  5. Cuando no se cumplan los requisitos del punto anterior se entenderá que concurre buena fe si la persona:
    • Acepta someterse a un plan de pagos.
    • Se ve que no ha incumplido las obligaciones de colaboración.
    • No ha obtenido el beneficio de exoneración dentro de los 10 últimos años.
    • Se comprueba que no ha rechazado en los cuatro años anteriores al concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
    • Acepta de forma expresa que la obtención del beneficio se haga constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de 5 años.

En conclusión, la Ley contempla 2 vías para obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho:

  1. La vía directa cuando se cumplan los requisitos 1, 2, 3 y 4.
  2. La vía indirecta cuando no se cumpla el requisito número 4, pero sí los del punto 5, aceptando la persona someterse a un plan de pagos. Este plan de pagos consistirá en abonar en el plazo de 5 años el 100% de las deudas que no resulten exoneradas, salvo que tuvieran un plazo posterior.

¿Si se concede el beneficio de exoneración tiene carácter definitivo?

Dependiendo de la vía (directa o indirecta) por la que se acceda al beneficio de exoneración este tendrá carácter definitivo. Aunque revocable (vía directa), o carácter provisional, e igualmente revocable (vía indirecta del plan de pagos).


En la vía directa el beneficio solo será revocable si en los 5 años siguientes a su concesión se constata la existencia de ingresos, bienes o derechos de la persona ocultados y esa revocación es solicitada por un acreedor.


En la vía indirecta, además, se podrá solicitar la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos:

  1. Se incurre en alguna de las circunstancias que hubieran impedido la concesión de la exoneración.
  2. Se incumple la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos.
  3. Mejora sustancialmente la situación económica de esa persona por herencia, legado o donación, o juego de suerte, envite o azar, pudiendo pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos.

En la vía indirecta, una vez transcurra el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se haya revocado el beneficio, el juez, a petición de la persona concursada, dictará una resolución reconociendo el carácter definitivo de la exoneración.

¿Y qué pasa si la persona no ha podido cumplir íntegramente con el plan de pagos?

El juez, atendiendo a las circunstancias del caso y tras escuchar a los acreedores, podrá declarar igualmente la exoneración definitiva. Para ello será necesario que la persona hubiese destinado a cumplir el plan, en los 5 años siguientes a la concesión provisional, al menos la mitad de sus ingresos (embargables) o la cuarta parte de estos si concurriesen en dicha persona las circunstancias previstas en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo.

Si no se obtiene la exoneración definitiva se pierde la provisional.

Y, finalmente, si tras la exoneración provisional se obtiene la definitiva, esta podría revocarse si en los 5 años siguientes a su concesión (al igual que sucede en la vía directa) se constata la existencia de ingresos, bienes o derechos de la persona ocultados.

Sobre el autor:

J. Raúl Fernández es abogado y fundador de QUINTA LEGAL. Especializado en Derecho de los Negocios, asesoramiento a Emprendedores y Startups y en Litigación. 

Autor

Raul

J. Raúl Fernández es abogado y fundador de QUINTA LEGAL. Especializado en Derecho de los Negocios, asesoramiento a Emprendedores y Startups y en Litigación. 

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