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LOPD y su aplicación a la Administración

Nueva LOPD: ¿Cómo afecta a la Administración Pública?

Lectura: 3 min | 29 Ene 19

Hace ocho meses entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Como consecuencia, era necesario adaptar el ordenamiento jurídico español. Ahora, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. ¿Cómo deben aplicarla las Administraciones Públicas?

Con esta ley, el objetivo de las autoridades es alinearse con el reglamento europeo. La recién estrenada norma (LOPD) aclara varios aspectos. Entre ellos destacan el tratamiento de los datos, el obligado consentimiento por parte del afectado y la transparencia en cuanto al uso de estos.

LOPD y Administraciones Públicas: principales cambios y novedades

Esta normativa afecta a todos los usuarios y empresas, pero también a las Administraciones Públicas. Por esto, desglosamos a continuación las principales implicaciones que el texto legal tendrá para éstas:

  • Las Administraciones suministrarán a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) los datos y antecedentes que requiera para una investigación. La AEPD podrá recabar por ello los datos que no haya podido reunir durante la investigación previa si con ello logra identificar a quien haya infringido esta ley o el reglamento europeo.
  • Si las Administraciones necesitan emitir una notificación en anuncios, la identificación se hará con el documento nacional de identidad.
  • Los organismos públicos tendrán la obligación de publicar electrónicamente el registro de actividades de tratamiento.
  • Otra de las modificaciones atañe a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La clave de este cambio es la sustitución del consentimiento expreso, recogido en la ley anterior, por la oposición expresa. Cualquier ciudadano puede no aportar documentos de los que ya disponga la Administración o que hayan sido creados por ella. Igualmente, puede oponerse a que la Administración consulte sus datos, excepto si los solicitan entidades de inspección o sancionadoras.

LOPD y RGPD, normativas complementarias

La verificación y la transparencia, reguladas en la nueva LOPD

Dentro de la potestad de verificación de las Administraciones Públicas también hay modificaciones. En caso de que alguien realice una solicitud donde se incluyan datos personales, la entidad que reciba la petición puede acceder a los datos recogidos para verificar que son correctos.

La consulta de los datos en los registros de personal se efectuará en aras del interés público. Sin embargo, el responsable está autorizado a tratar únicamente los datos imprescindibles para ejecutar dicha investigación.

Se incluyen cambios también con respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En concreto, la nueva normativa obliga a tener el consentimiento expreso del afectado si sus datos revelan creencias, ideología o afiliación sindical.

La disposición que regula el Régimen Electoral General también se ve ligeramente modificada. Los partidos políticos podrán utilizar los datos que recaben de fuentes públicas para ejercer actividades políticas en periodo electoral. Asimismo, la ley no contempla el envío de propaganda electoral como un evento comercial.

 

LOPD regula los derechos digitales de los usuarios

Los derechos digitales ya son una realidad

Por otra parte, los ciudadanos viven inmersos en un entorno digitalizado, y para las Administraciones Públicas es inviable rehuirlo. Este nuevo escenario conlleva una serie de riesgos extra que pueden inmiscuirse en el terreno de la privacidad. Esta es la razón por la cual se contemplan en la nueva LOPD los derechos digitales. El objetivo del reglamento es proteger a los usuarios contra posibles intromisiones relacionadas con su información personal.

El Estatuto del Empleado Público añade una actualización que reconoce el derecho a la desconexión digital y a la intimidad de los trabajadores. Este derecho atañe al uso de dispositivos digitales y a todo lo relativo a mecanismos de geolocalización y videovigilancia.

La figura del DPO cobra más fuerza con la nueva LOPD

La irrupción del Delegado de Protección de Datos en las empresas comenzó con la entrada en vigor del RGPD. La implantación de la LOPD desde el pasado 7 de diciembre ha consolidado esta figura. Así, los responsables del tratamiento de información designarán a un Delegado de Protección de Datos (DPO). Éste será el intermediario entre la entidad y la AEPD.

La existencia de este perfil garantiza una mayor seguridad jurídica, tanto para las empresas como para los organismos públicos. Si el DPO observa cualquier tipo de infracción en cuanto al tratamiento de datos personales, tendrá la potestad de avisar y asesorar a la entidad sobre cómo solventarla.

En definitiva, la Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada recientemente no hace sino refrendar el reglamento europeo del pasado 25 de mayo. La normativa mantiene la conformidad con el RGPD, pues no son excluyentes, sino complementarias. La LOPD ratifica la gran responsabilidad que tienen las empresas y Administraciones de respetar el tratamiento y conservación de los datos personales de los usuarios.

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