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Plan Contratación Pública

Plan de Contratación Pública Ecológica: un paso más hacia la sostenibilidad

Lectura: 3 min | 24 Mar 19

Con el Plan de Contratación Pública Ecológica, el Gobierno concede a las Administraciones un papel clave en materia de sostenibilidad. Y es que en este programa se proponen una serie de políticas medioambientales para avanzar en los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Analizamos cuál es el papel de los entes públicos en su aplicación.

El pasado 31 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) para el período 2018-2025. Dicho plan habría de funcionar como instrumento de promoción e implementación de políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea. El ámbito de actuación del CPE abarca, por tanto, a todas las Administraciones Públicas.

El proyecto comulga además con los principios de la contratación pública verde de la Unión Europea dentro de la denominada Estrategia Europa 2020. Este plan responde a la necesidad de incorporar criterios ecológicos en la contratación por parte del sector público. De este modo, las administraciones son las que fomentan y contribuyen a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental. En este proceso de contratación las autoridades priorizan bienes, obras y servicios con un impacto reducido en el medio ambiente, en comparación con el de otros que se adquirirían en su lugar atendiendo a otras circunstancias.

Contratación Pública Ecológica: Qué es

La sostenibilidad como base de los objetivos establecidos en el plan

El objetivo principal del Plan de Contratación Pública Ecológica se concreta en el Boletín Oficial del Estado. Por el momento, se trata de algo que las autoridades pueden acatar voluntariamente. Sin embargo, se espera que otras empresas y entidades se acojan a este plan en el ejercicio de su actividad. Además, el CPE contempla estos objetivos:

  • Impulsar la estrategia española de economía circular dentro del plan de acción de la UE para cerrar el ciclo de vida de los productos. De esta forma se hará un uso eficiente de los mismos, menos contaminante y con una menor generación de residuos.
  • Asegurar un uso más racional y económico de los fondos públicos.
  • Promover cláusulas medioambientales en la inversión y explotación de la contratación pública.
  • Concienciar de las posibilidades de la contratación ecológica que ofrece el marco legal. El objetivo es alcanzar a la Administración General del Estado, sus organismos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Administraciones Públicas: criterios de contratación

El CPE recoge unos criterios que podrán incorporarse como principios de selección, adjudicación y ejecución en la contratación pública.

Así, determina un grupo de 20 bienes, obras y servicios prioritarios, entre los que se incluyen la construcción y gestión de edificios y carreteras, los suministros de electricidad, los equipos de impresión y ordenadores, el transporte, la alimentación y los productos y servicios de limpieza.

Contratación Pública Ecológica: Cómo afecta a las administraciones

Estos son algunos de los criterios establecidos en el plan:

  • Se valorará la contratación de bienes y servicios con un sistema de certificación ambiental adherido al Sistema EMAS. También es importante la inscripción del proveedor en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
  • Se medirá el grado de sostenibilidad de los edificios mediante los sellos LEED, BREAM, Verde o similares.
  • Tendrán prioridad los equipos energéticamente eficientes. Se solicitará información acerca del consumo y emisiones de gases de efecto invernadero producidos durante su vida útil.
  • Se evaluarán positivamente los productos con etiquetado ecológico que garantice baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ECOLABEL o equivalente.
  • Se promoverá la compra de alimentos de producción ecológica, de temporada y a granel, así como aquellos de animales con niveles de bienestar elevados.

El desarrollo de las políticas de sostenibilidad es un objetivo común a todas las entidades y organismos. Aunque la aplicación de estas pautas es voluntaria, es conveniente que las Administraciones Públicas tomen conciencia. El valor ejemplarizante que transmiten al actuar en consonancia con este plan puede servir a los ciudadanos como impulso hacia la sostenibilidad.

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